La Mutua Madrileña ofrece a sus mutualistas seguros de automóvil y moto, de accidentes, de vida, de decesos, de salud, de hogar, de ahorro y planes de pensiones. Se supone que, como no hay ánimo de lucro, los asegurados se benefician de precios más competitivos, mayores coberturas y primas más generosas.
Desgraciadamente esto no es así. Puede que Mutua Madrileña no tenga en teoría ánimo de lucro como institución, pero sí lo tiene su Consejo de Administración (quienes debieran representar los intereses de los mutualistas).
Hoy jueves 02/02/2012 una columna de la agencia EFE perdida entre las páginas de la sección de economía del diario El País señala que el "El expresidente de la Mutua cobrará 14 millones". Dice el periódico que José María Ramírez Pomatta presidió la Mutua Madrileña durante seis años y fue cesado por el Consejo de Administración de la aseguradora en enero de 2008, varias semanas después de haber sido hospitalizado por problemas hepáticos. Su mandato se caracterizó por un cambio en las inversiones de la Mutua: de la renta fija pasó a la Bolsa, con arriesgadas apuestas por Sacyr y Repsol que después provocaron enormes minusvalías. Las dotaciones, entre otras razones, causaron que entre 2007 y 2009 los beneficios de la Mutua cayeran un 63%.
Tras el cese, el expresidente José María Ramírez Pomatta acudió a los tribunales donde reclamó judicialmente a la Mutua Madrileña 21 millones de euros en concepto de pensión de jubilación. Al principio los tribunales no le fueron favorables y en septiembre de 2010, el Juzgado Mercantil número 11 de Madrid desestimó su demanda y le obligó a pagar las costas.
José María Ramírez Pomatta recurrió entonces la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid que ha estimado parcialmente su recurso y el martes 31/01/2012 ha emitido un fallo a su favor por el que obliga a pagar a la Mutua Madrileña a su expresidente una prima única de 13,994 millones brutos más los intereses generados durante el proceso judicial en concepto de la pensión que no le abonó cuando se jubiló.
En declaraciones a Efe, Ramírez Pomatta ha valorado la decisión judicial ya que "se reconoce" su derecho a cobrar esta pensión, aunque se haya reducido parcialmente de 21 a 14 millones de euros. "Ese reconocimiento de un derecho" a percibir la pensión "es lo más importante", destacó, a la vez que adelantó que "aunque en un principio" no piensa recurrir la cantidad contemplada en la sentencia, "es una cuestión que estudiaré" dependiendo de si la aseguradora recurre la decisión del juzgado y el pago "vuelve a retrasarse año".
Este caso se ha convertido en "una cuestión de principios" y si vuelve a demorarse su resolución, pedirá "lo que corresponde", dijo. La aseguradora, por su parte, ha anunciado que está estudiando la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo.